Prostíbulo en Flores: Confirmaron la condena de un agente policial

El tribunal revisor confirmó la resolución de Tribunal Oral Federal N°2 de diciembre del 2020 que dio por acreditada la responsabilidad del subinspector de la entonces Seccional 38ª, Sergio David Rodríguez, en el funcionamiento de un prostíbulo en el barrio porteño de Flores, que se perpetró a partir de su falso testimonio en 2009.

La sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría un recurso de la defensa de un agente de la Policía Federal Argentina condenado a tres años de prisión en suspenso por falso testimonio y encubrimiento agravado por su condición de funcionario.

El 2 de julio del 2009 una mujer realizó una denuncia telefónica al 911, en la cual afirmaba haber sido secuestrada y que se encontraba cautiva en la calle Fray Cayetano Rodríguez 120, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde era obligada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. A raíz del contacto telefónico de la denunciante, el juzgado de turno ordenó que la policía corroborase el domicilio y se realizaran averiguaciones respecto de la titularidad de la línea telefónica desde donde provino la llamada.

En este momento intervino el subinspector Rodríguez, quien asistió al lugar pero luego sostuvo que en la dirección señalada había una casa de familia. Sin embargo, ya tenía registros de infracción a la ley de profilaxis, en el domicilio y en las inmediaciones, y funcionaba un local clandestino en el cual se ofrecían servicios sexuales bajo la denominación de fantasía “La Casona de Flores”.

Durante el juicio, el MPF había señalado que Rodríguez tenía “un cúmulo de información” relativa a la existencia del prostíbulo y el contenido de otras causas judiciales vinculadas a la investigación. Además, la fiscalía indicó que el subinspector optó por “por informar circunstancias falsas, contrarias a la verdad y obstructivas para el desarrollo de la investigación”. En este mismo sentido, el fiscal Córdoba había puntualizado que el acusado tenia “ciertos acuerdos previos y que buscaban ocultar la condición de prostíbulo de ese domicilio”.  “Esos acuerdos implicaban la cobertura de la trata, de la infracción a la ley de drogas. Se afectó la administración de justicia”, desarrolló la fiscalía.