Riesgo de centro para adolescentes con trastornos mentales severos por falta de pago del GCBA
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) enfrenta una crítica situación tras no renovar el contrato de alquiler de un edificio clave para dispositivos de inclusión destinados a adolescentes con trastornos mentales severos. Los centros, que funcionan hace más de 30 años, deben cerrar sus puertas el próximo 30 de septiembre, poniendo en riesgo la continuidad de la atención a jóvenes en situación de alta vulnerabilidad.
El inmueble ubicado en Aranguren 3837, en el barrio de Flores, es propiedad alquilada desde 2012 por la Dirección General de Salud Mental del GCBA. En este espacio concurren alrededor de 30 adolescentes, de entre 15 y 21 años, que presentan trastornos mentales severos y dificultades socioeconómicas.
Desde la Asociación de Terapistas Ocupacionales del GCBA (ATOGBA) manifestaron su profunda preocupación por esta situación que podría dejar sin atención a estos jóvenes. Señalan que los equipos del programa fueron notificados recientemente del vencimiento del contrato en junio de 2025, con la orden de desalojo para fin de mes.
Este inminente cierre ocurre en un marco de crisis generalizada en el área de salud mental de la Ciudad, donde se registran desfinanciación de programas, recortes salariales y reducción presupuestaria en disciplinas fundamentales, como la terapia ocupacional.
Julieta Briglia, secretaria gremial de ATOGBA, destacó la situación social y sanitaria de los adolescentes que asisten a estos dispositivos, muchos de los cuales participan en programas de capacitación y pasantías laborales a través de convenios con organizaciones como Reconstruyendo Lazos. Subrayó, además, que varios de ellos provienen de barrios populares, lo que añade una dimensión crítica a la necesidad de garantizar la continuidad de estas intervenciones.
Ante la falta de respuesta oficial, trabajadores y pacientes enfrentan incertidumbre sobre el futuro de estos espacios que cumplen un rol fundamental en la inclusión y rehabilitación de jóvenes con trastornos mentales severos. El vencimiento del contrato y la posible clausura de los dispositivos constituyen un serio desafío para las políticas públicas de salud mental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.