La Iglesia cuestionó el megaoperativo policial en barrios populares porteños
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, expresó cuestionamientos al operativo de seguridad denominado “Tormenta Negra”, desplegado días atrás por el Gobierno de la Ciudad en distintos barrios populares porteños. Lo hizo durante una misa realizada este domingo en la Parroquia Cristo Obrero del Barrio Mugica, en Retiro, donde vecinos denunciaron situaciones de hostigamiento, clausuras de espacios comunitarios y una fuerte presencia policial durante los procedimientos.
La ceremonia religiosa se desarrolló en medio de un clima de preocupación entre habitantes de distintos barrios alcanzados por el operativo simultáneo realizado por la Policía de la Ciudad. Durante la jornada, vecinos entregaron al arzobispo una carta en la que manifestaron malestar por el impacto de los controles y reclamaron que las autoridades los reconozcan “como personas y no como delincuentes”.
El megaoperativo fue impulsado por la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y se desplegó en 16 barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el Barrio Mugica, la Villa 1-11-14, la 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta y el Barrio 20.
Según informó oficialmente el Gobierno porteño, participaron alrededor de 1.500 efectivos policiales y se realizaron allanamientos, controles vehiculares y procedimientos vinculados con la búsqueda de narcotráfico y comercios sin habilitación. El balance difundido por las autoridades indicó que hubo 27 personas detenidas y clausuras de presuntos búnkers de droga y locales comerciales irregulares.
Sin embargo, vecinos y organizaciones sociales denunciaron que el operativo provocó situaciones de tensión en distintos sectores de los barrios afectados. En la carta entregada durante la misa, habitantes del Barrio Mugica señalaron que hubo persecuciones a trabajadores informales, bloqueos de calles, cierre de merenderos y restricciones que afectaron la vida cotidiana de la comunidad.
“Necesitamos que el jefe de Gobierno nos vea como personas, no como delincuentes”, expresaron en el documento leído durante el encuentro religioso.
El texto también planteó reclamos vinculados con las condiciones sociales y económicas que atraviesan miles de familias en los barrios populares. “Queremos lo mismo que cualquier persona: comida para nuestras familias, tranquilidad para nuestros mayores y oportunidades para nuestros hijos”, manifestaron los vecinos.
La presencia de Jorge García Cuerva en el Barrio Mugica fue interpretada como un gesto de acompañamiento hacia la comunidad tras el despliegue policial. El arzobispo viene manteniendo una fuerte presencia territorial en distintos sectores vulnerables de la Ciudad y en reiteradas oportunidades se pronunció sobre problemáticas sociales vinculadas con la pobreza, la exclusión y la violencia.
Durante la misa, referentes barriales también manifestaron preocupación por el efecto de los operativos sobre comerciantes y organizaciones comunitarias que desarrollan tareas sociales dentro de los barrios. Algunos denunciaron que varios espacios de asistencia alimentaria debieron suspender actividades por las restricciones generadas durante los procedimientos.
En paralelo, el Centro de Estudios Legales y Sociales cuestionó públicamente el desarrollo del operativo y advirtió sobre posibles irregularidades cometidas durante algunos controles policiales.
Desde el organismo señalaron que recibieron denuncias sobre requisas realizadas a menores de edad en la vía pública y situaciones de violencia institucional que ahora podrían ser analizadas judicialmente.
El operativo “Tormenta Negra” fue presentado por el Gobierno porteño como parte de una estrategia de control territorial y combate contra redes delictivas en barrios populares. Desde la administración porteña sostuvieron que el despliegue tuvo como objetivo reforzar la seguridad y desarticular estructuras vinculadas al narcotráfico y la comercialización ilegal.
Sin embargo, las críticas de vecinos, organizaciones sociales y referentes religiosos reabrieron el debate sobre el alcance de este tipo de procedimientos y el impacto que generan sobre las comunidades donde se implementan.
Especialistas en derechos humanos y organizaciones barriales remarcan que las políticas de seguridad deben complementarse con medidas sociales, urbanas y de inclusión para evitar situaciones de estigmatización hacia quienes viven en villas y asentamientos de la Ciudad.
El episodio volvió además a poner en discusión las tensiones existentes entre las políticas de control policial y las demandas sociales en los barrios populares, donde miles de familias conviven diariamente con problemas vinculados al acceso al trabajo, la vivienda, la educación y los servicios básicos.
Mientras continúan las repercusiones por el operativo, distintos sectores sociales anticiparon que seguirán reclamando explicaciones y mayores garantías para evitar abusos durante futuros procedimientos de seguridad en los barrios porteños.