Gobierno porteño veta ley que buscaba extender uso de edificio en Flores a cooperativa
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires frenó de un plumazo una norma que pretendía prorrogar por cuatro años más el permiso precario para que una cooperativa siguiera usando un inmueble estatal en el corazón de Flores. Mediante el Decreto N° 4, publicado este miércoles en el Boletín Oficial porteño y firmado el 5 de enero por el jefe de Gobierno, se vetó por completo la Ley 6.939, aprobada en noviembre de 2025 por la Legislatura local. El edificio, en Coronel Ramón L. Falcón 2714, estaba en manos de la Cooperativa de Provisión y Comercialización “Libertadores de América” Ltda., que operaba sin autorización vigente desde hace tiempo.
La decisión llega cargada de argumentos legales y administrativos que pintan un panorama de incumplimientos reiterados. Todo arranca en 2010, cuando el Ejecutivo porteño ordenó desalojar el predio por ocupación irregular, lo que desató juicios para recuperar el bien público. En 2017, la Ley 5.780 otorgó un uso gratuito por solo un año, paralizando temporalmente el proceso judicial al legitimar la situación de forma transitoria. Pero al vencer el plazo, la cooperativa no devolvió el espacio, siguió ocupándolo ilegalmente y hasta montó comercios clausurados por la Agencia Gubernamental de Control por fallas graves en seguridad e higiene.
El veto destaca cómo esta prórroga chocaba de frente con una causa de desalojo en curso. Un juez de primera instancia ordenó el 20 de noviembre de 2025 la restitución inmediata al Estado, decisión apelada por la cooperativa pero que el Gobierno considera firme en su estrategia. “Convalidar esto generaría un precedente funesto contra la legalidad y la seguridad jurídica”, advierte el decreto, que subraya el rol indelegable del Estado en custodiar sus propiedades. Inspecciones recientes confirmaron locales sin habilitación, exponiendo riesgos que justifican la mano dura.
La resolución invoca el artículo 87 de la Constitución porteña para blindar la medida, enviando el texto a la Legislatura y dejando en el aire el futuro del inmueble, que podría volver al dominio estatal puro y duro.
Para vecinos de Flores y legisladores opositores, el veto suena a retroceso en políticas de inclusión social, pero el Gobierno replica que no se puede premiar el no cumplimiento. En un 2026 donde la gestión de espacios públicos gana temperatura en Buenos Aires –pensemos en desalojos recientes en otros puntos–, este episodio suma al tablero de tensiones entre Legislatura y Ejecutivo. Mientras la cooperativa apela, el edificio queda en la cuerda floja
Por estos motivos, el jefe de Gobierno resolvió vetar en forma total la Ley 6.939, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remitió el Decreto a la Legislatura para su conocimiento.