Tensión en Flores por un operativo policial y migratorio contra trabajadores
Un amplio operativo realizado en el barrio porteño de Flores generó fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales, trabajadores y vecinos luego del despliegue conjunto de efectivos de la Policía Federal Argentina y personal de la Dirección Nacional de Migraciones en la zona de Bacacay y Nazca.
El procedimiento incluyó cortes de calles durante varias horas, controles de documentación, presencia de policías montados y una importante concentración de agentes en uno de los sectores de mayor actividad comercial y laboral del barrio. Según denunciaron trabajadores migrantes y referentes barriales, el operativo provocó interrupciones en las actividades cotidianas y afectó especialmente a quienes desarrollan tareas informales o comerciales en la vía pública.
La presencia policial generó además complicaciones en la circulación vehicular y peatonal, alterando el funcionamiento habitual de una zona caracterizada por el intenso movimiento de vecinos, comerciantes y trabajadores durante gran parte del día.
Diversas organizaciones cuestionaron el carácter del procedimiento y señalaron que este tipo de despliegues contribuyen a generar un clima de hostilidad hacia sectores migrantes que viven y trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, denunciaron que las medidas oficiales se producen en medio de un escenario económico marcado por el crecimiento de la precarización laboral, la caída del empleo y el deterioro de los ingresos.
El operativo volvió a instalar el debate sobre las políticas migratorias impulsadas por el gobierno nacional y su articulación con las fuerzas de seguridad federales. Sectores críticos de la administración de Javier Milei interpretaron el procedimiento como parte de una estrategia orientada a endurecer controles sobre trabajadores migrantes y aumentar la presencia represiva en espacios urbanos populares.
Las críticas también alcanzaron al gobierno porteño encabezado por Jorge Macri, al que distintos sectores acusaron de acompañar políticas de seguridad que consideran selectivas y orientadas principalmente sobre trabajadores informales y comunidades migrantes.
En paralelo, vecinos de la Comuna 7 remarcaron que desde hace tiempo vienen denunciando otras problemáticas vinculadas al delito organizado en la zona sin obtener respuestas concretas por parte de las autoridades. Entre las preocupaciones más reiteradas aparecen denuncias relacionadas con redes de narcotráfico, talleres clandestinos y situaciones de explotación laboral.
El barrio de Flores ya había quedado en el centro de la atención pública meses atrás tras el triple femicidio ocurrido en septiembre del año pasado, un caso que derivó en múltiples investigaciones y puso nuevamente bajo discusión la presencia de organizaciones criminales en distintos sectores de la Ciudad.
En ese contexto, algunos referentes barriales sostienen que existe una contradicción entre los grandes operativos orientados al control migratorio y la falta de respuestas frente a denuncias vinculadas con delitos complejos que afectan cotidianamente a la zona.
También surgieron cuestionamientos sobre el crecimiento del polo textil informal en sectores de Flores Norte. Vecinos denunciaron desde hace tiempo la expansión de actividades que funcionarían por fuera de las normativas urbanas y laborales vigentes, situación que —según sostienen— genera sobrecarga habitacional, conflictos urbanos y condiciones laborales precarias.
Las críticas apuntan además hacia distintos niveles institucionales. Algunos sectores sociales señalaron que las responsabilidades no se limitan únicamente a las fuerzas de seguridad o al sistema judicial, sino que involucran también decisiones políticas vinculadas al control financiero y al combate contra las economías ilegales.
En medio de ese escenario, el operativo realizado en Bacacay y Nazca dejó imágenes de fuerte presencia policial en una zona donde conviven trabajadores migrantes de distintas nacionalidades, comerciantes y vecinos históricos del barrio. Para muchos de ellos, el despliegue representó un nuevo episodio de tensión en un contexto social y económico cada vez más complejo.
Desde organizaciones vinculadas a derechos humanos y sectores sociales reclamaron que las políticas de seguridad no deriven en situaciones de discriminación o persecución hacia comunidades migrantes. También insistieron en la necesidad de avanzar sobre redes delictivas organizadas sin criminalizar a trabajadores que desarrollan actividades de subsistencia.