Operativo antidrogas en la 1-11-14: secuestran 27 mil dosis, cierran tres búnkers y detienen a cinco personas

Un operativo antidrogas de alto impacto volvió a poner el foco sobre el barrio 1-11-14 y su entorno, en el Bajo Flores porteño. En una serie de allanamientos simultáneos, la Policía de la Ciudad desarticuló una estructura dedicada al narcomenudeo, clausuró tres búnkers de venta de estupefacientes y detuvo a cinco sospechosos vinculados a la organización.

El procedimiento se llevó adelante durante el fin de semana e incluyó diez allanamientos coordinados, la mayoría dentro del barrio 1-11-14 y uno en la localidad bonaerense de Monte Grande. En este último punto, los efectivos arrestaron a dos personas: un hombre argentino de 31 años, con antecedentes por robo doblemente agravado con arma de fuego, y una mujer de 26 años. En paralelo, en distintos domicilios del asentamiento porteño fueron detenidos una mujer de nacionalidad peruana de 43 años, un argentino de 26 y un ciudadano peruano de 29, todos señalados como parte del mismo entramado delictivo.

Según la investigación, los sospechosos integraban una organización de tipo familiar que operaba durante todo el día, con un flujo constante de compradores, en su mayoría residentes de la zona. Los investigadores detectaron que los envoltorios comercializados llevaban como marca distintiva un clip de abrochadora, utilizado para identificar la “mercadería” de ese grupo frente a otros puntos de venta del barrio.

Los allanamientos en la 1-11-14 permitieron el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y elementos vinculados a la actividad narco. De acuerdo con el detalle oficial, se incautaron más de 27 mil dosis de pasta base de cocaína, fraccionadas en envoltorios y “bombas” de paco, con un peso total superior a los cinco kilos y un valor estimado en el mercado que supera los 55 millones de pesos. También se encontraron ladrillos de marihuana prensada, más envoltorios listos para la venta, dinero en efectivo y una máquina contadora de billetes.

Durante los procedimientos se clausuraron tres búnkers que funcionaban como puntos fijos de comercialización, montados en viviendas precarias y con medidas de seguridad orientadas a dificultar el ingreso policial. En esos espacios se hallaron además balanzas de precisión y elementos de corte y fraccionamiento, lo que refuerza la hipótesis de que allí no sólo se vendía la droga, sino que también se procesaba y acondicionaba para la venta minorista.

El operativo no sólo apuntó al secuestro de drogas, sino también al desarme de la estructura logística que sostenía el negocio ilícito. En los distintos domicilios se encontraron seis pistolas —tres de ellas con numeración limada—, siete cargadores, 699 municiones de diferentes calibres y siete vainas servidas, indicio de uso reciente de las armas. Además, se incautaron nueve teléfonos celulares que ahora serán peritados para reconstruir la red de contactos, proveedores y compradores vinculados a la banda.

Como parte del despliegue se secuestró también una camioneta Dodge Journey, presuntamente utilizada para trasladar droga y dinero entre el barrio y otros puntos del área metropolitana. Para los investigadores, la combinación de armas, vehículos y equipamiento financiero confirma que no se trataba de vendedores aislados, sino de una estructura con cierto grado de organización interna y capacidad de reposición de mercadería.

La serie de allanamientos es el resultado de una pesquisa iniciada en enero de 2025 por la Unidad Investigativa N.º 12, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones Vinculadas a Delitos con Estupefacientes (UFEIDE). A partir de tareas de campo, seguimientos, escuchas y análisis de movimientos en el barrio, la fiscalía reunió los elementos necesarios para pedir las órdenes de allanamiento al Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 22, a cargo del juez Gabriel Alejandro Villanueva.

Fuentes vinculadas al caso señalan que la causa continúa abierta y que no se descartan nuevas detenciones, ya que el análisis de los teléfonos y la documentación secuestrada podría conducir a proveedores y eventuales cómplices.